En los últimos años la tecnología ha propiciado cambios radicales en nuestra manera de comunicarnos, de trabajar e incluso de organizarnos para la defensa de los derechos humanos. Desde la expansión del uso de Internet y del correo electrónico hace tan solo un par de décadas al surgimiento de los teléfonos inteligentes y la redes sociales más recientemente, han sido muy numerosos los cambios que ha aportado la tecnología a nuestras vidas.
Estas nuevas herramientas son poderosas para quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos. Favorecen la comunicación inmediata y accesible, permiten consultar y divulgar información o realizar acciones de incidencia. En definitiva, pueden ayudarnos a facilitar y agilizar nuestro trabajo.
Sin embargo, su desarrollo ha sido muy rápido y, en consecuencia, el tiempo para aprender a manejar estas nuevas herramientas escaso. Así, con frecuencia conocemos poco de los riesgos que implica el uso de estas herramientas y de los intereses de la grandes compañías que controlan las plataformas más populares. Estos riesgos son cada vez más evidentes, sin embargo, tomar medidas para enfrentarlos implica cambiar hábitos que ya hemos adquirido, dedicar tiempo a aprender nuevos procesos u optar por aplicaciones diferentes a las que son más populares. Con frecuencia pensamos que se trata de un trabajo demasiado árduo o de un esfuerzo excesivo, ya que consideramos que nuestra información no es secreta ni valiosa o que es poco probable que seamos objetivo de ataques.
No obstante, la experiencia en la región centroamericana demuestra que son cada vez más frecuentes las violaciones a la seguridad digital de las personas de defensoras de derechos humanos. Se trata en general de acciones dirigidas a obtener información, obstaculizar nuestro trabajo o desprestigiar nuestra labor. Por ello, cada vez es mayor la urgencia para desarrollar estrategias que nos permitan hacer uso de la tecnología en condiciones de seguridad.
Los hallazgos del Observatorio de la Seguridad Digital (OSD) en 2017 dan cuenta de esta situación. En ese año el OSD registró 20 incidentes de seguridad digital en Guatemala, Honduras y Nicaragua. En dichos incidentes se vieron involucradas organizaciones de defensa de derechos humanos, medios de comunicación independientes, dirigentes estudiantiles y personas defensoras que fueron atacadas individualmente.
El robo de dispositivos por parte de cuerpos policiales durante manifestaciones fue uno de los tipos de ataques más registrados. En este caso, si no se han tomado medidas para la protección de dichos dispositivos, la información que contienen y las cuentas de correo electrónico y redes sociales de la persona afectada se ven comprometidas. También son frecuentes los casos de filtración y difusión de información privada. En este tipo de casos, se trata de una estrategia para desprestigiar la labor que realizan las organizaciones.
Otros incidentes registrados tienen que ver con la suplantación de identidad, ataques de denegación de servicios, pérdida de la información almacenada en servidores y acoso mediante acceso remoto a teléfono móvil.
